Foto de Cortesía

El Mayor General Antonio José Benavides Torres, Comandante de la Región Estratégica de Desarrollo Integral (Redi) Guayana, en compañía del G/D Luis  Enrique Pérez Belisario, Comandante de la Zona de Defensa Integral (ZODI) y de la ciudadana gobernadora Dra. Lizeta Hernández, e integrantes del Estado Mayor instalado en el Delta, ofreció declaraciones a medios de comunicación deltanos.

Manifestó el M/G Benavides, “se inició el proceso penal judicial y tienen su derecho a la legítima defensa, será el Poder Judicial el que determinará la culpabilidad o no, no es la gobernadora quien imputa o califica, es el Poder Judicial, un poder autónomo cuya tarea es garantizar el debido proceso, ajustado a derecho”.

“Se les acusa de agavillamiento, hurto agravado, incitación a la violencia e instigación para delinquir, entre otras transgresiones, calificaciones que reposan en manos del Poder Judicial, encargado de determinar las sanciones a que haya lugar.”

“El cúmulo de los detenidos posee edades comprendidas entre los 18 y los 30 años, con un promedio de 25 años, luego de las conversaciones realizadas con cada uno de ellos pudimos determinar que nadie está desempleado, todos trabajan, tienen oficio, sucede que ninguno reconoce el delito, pero tenemos las actas policiales, la filmación, los testigos, y todos los elementos de rigor que determinan claramente la responsabilidad de los imputados.”

“Le hicimos un diagnóstico a los comercios vulnerados, fueron afectados una farmacia, una licorería, una venta de ropa, esos establecimientos no se saquean por hambre.”

“Se trató de una estrategia de la extrema derecha, que buscaba hacernos caer en la trampa de herir a alguien, lo que no consiguieron. La actuación de los funcionarios militares fue impecable, ajustadas al protocolo que demanda este tipo de situaciones, con pleno respeto de los Derechos Humanos y garantías absolutas para las personas.”

El balance final fue el siguiente:

153 detenidos discriminados en:

  • 36 menores de edad que fueron entregados a sus padres, y a 5 se les aplicó medida cautelar.
  • 4 indígenas
  • 4 mujeres no embarazadas
  • 2 personas con problemas mentales.
  • 2 personas liberadas bajo fianza.
  • 77 personas puestas en libertad con medida cautelar.
  • 23 personas trasladadas a un centro de reclusión en San Juan de los Morros.

La gobernadora Dra. Lizeta Hernández señaló, “para adelantar los procesos fueron enviados por la Fiscal General del Ministerio Publico Luisa Ortega Díaz, 8 fiscales con competencia nacional que tuvieron a su cargo la evaluación exhaustiva de cada uno de los casos y la formulación de las acusaciones”.

Hasta ahora se desconoce la identidad de las 23 personas trasladadas a la Penitenciaria General de Venezuela en el estado Guárico, esperando que posteriormente las den a conocer.

 

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