Foto: archivo.

Instituciones judiciales ignoran a autoridades tradicionales que buscan justicia por un asesinato en la selva deltaica ocurrido el 3 de noviembre de 2017, pero la falta de equipos de movilización y transporte son las excusas de las autoridades para no atender el reclamo, así lo denuncia el cacique Enrique Moraleda.

Lo que molesta grandemente a las autoridades originarias es la alta capacidad de movilización que hay cuando se improvisa algún acto político en el municipio Antonio Díaz, zona donde ocurrió el hecho sangriento y se observa un gran despliegue de lanchas y de personal de forma inmediata, pero no hay facilidad de resolución para resolver este tipo de sucesos.

Hasta el 10 de enero de 2018, se conoció que el Ministerio Público, Defensa Pública, instituciones y autoridades indígenas en la capital deltana, han obviado a las autoridades tradicionales.

Solo el Cicpc se habría mostrado dispuesto a trasladarse hasta lo más profundo de la selva con el objetivo de abrir las investigaciones necesarias, pero no cuenta con una embarcación.

Por lo pronto, insisten en que dos comunidades waraos del Bajo Delta están a punto de declararse la guerra a muerte, después del asesinato de Ramón Butillo el pasado 3 de noviembre de 2017, mientras que la ausencia de justicia venezolana ha aumentado la tensión entre ellas.

El primer llamado

Ocurrió el 13 de diciembre de 2017, cuando el conflicto alcanzó su grado más alto y se temió un enfrentamiento armado entre pobladores de las comunidades mencionadas.

La advertencia fue posible gracias a una movilización de caciques mediadores hasta la comunidad de San Francisco de Guayo, desde donde pidieron ayuda a través de Radio Fe y Alegría 92.1 FM, Tucupita.

 

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