En el Delta 35 pacientes de tuberculosis corren el riesgo de morir por falta de medicinas

En agosto, el indígena Santiago Moraleda, oriundo de la comunidad de Bonoina, municipio Antonio Díaz, estado Delta Amacuro, denunció la falta de medicinas en el principal hospital de la capital deltana Dr. Luis Razetti para tratar a 35 pacientes enfermos con tuberculosis en su mayoría waraos.

Sobre este tema el doctor Reinaldo Márquez aseguró que esa problemática es responsabilidad del Gobierno. “El estado tiene que garantizar el derecho a la salud de la población venezolana, eso está contemplado en el artículo 83 y 84 de la Constitución”, manifestó.

Márquez aseguró que los pacientes con tuberculosis no son los únicos que no consiguen medicamentos, también existe un gran número de enfermos diabéticos, nefrópatas, y pacientes hipertensos que ni siquiera consiguen antibióticos.

Se pudo conocer por parte del doctor Márquez, que la población más afectada por la tuberculosis en Delta Amacuro son los waraos, ya que habitan en comunidades que no cuentan con suficiente comida, afirmando que “la tuberculosis es sinónimo de hambre”.

Para finalizar, aseguró que una persona que esté enferma de tuberculosis y no reciba tratamiento podría morir en un tiempo indefinido. “Indiscutiblemente una persona con la tuberculosis que no esté recibiendo el tratamiento, va a morir”. El profesional de la salud aseguró que jamás se había presentado una problemática así en Venezuela.

Recientemente la Federación Farmacéutica Venezolana reveló que la escasez de medicinas en el país llegó a un 85%; y como en otras ocasiones, agregan que este problema afecta con mayor fuerza a las pequeñas ciudades y pueblos donde no hay grandes cadenas farmacéuticas.

En el marco de esta situación, el Observatorio de Derechos Indígenas Kapé Kapé, recuerda la responsabilidad que tiene el Estado venezolano en la solución a este problema de salud pública, tal y como lo establece el artículo 25 de la CRBV que reza que “Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo, y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores”.

Loading...