Imagen de archivo web.

Arco Minero es una amenaza para la biodiversidad más rica del país

El gobierno venezolano comenzó la etapa exploratoria en 111.800 kilómetros cuadrados en el sur del país como parte del proyecto del Arco Minero con el que busca llenar el vacío presupuestario que ha dejado la baja de los precios del petróleo.

Prensa A.C Kapé Kapé

El Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas Kape Kape ve con preocupación que una vez más se incumpla tanto la Ley de Pueblos y Comunidades Indígenas, como la constitución de la República al emprender este proyecto extractivista en territorios ancestrales sin un proceso de consulta previa.

El ministro para el Desarrollo Minero Ecológico, Roberto Mirabal, informó del inicio de esta etapa de exploración que dijo se realiza siguiendo parámetros científicos, ajustados a las normativas internacionales, con un equipo de geólogos y geógrafos venezolanos.

Mirabal explicó que primero debe explorarse la zona para conocer la cantidad de recursos que hay y una vez determinadas las reservas, estas se certifican para que “también tengan una implicación económica en el país”.

Especialistas como Alejandro Lanz, presidente del Centro de Investigaciones Científicas de Venezuela, advierten que en la historia de la explotación minera en el país  no hay separación entre la etapa de exploración y explotación.

“Con este proyecto perdemos todos y cada uno de los venezolanos, pero en especial las comunidades indígenas, cuyos espacios se verán afectados ambiental y socialmente”.

En este sentido, alertó de grandes desplazamientos de comunidades indígenas a causa de este proyecto que contempla la participación de al menos 150 empresas extranjeras en la explotación de minerales como oro, bauxita, coltán, hierro y diamantes.

Este proyecto del Arco Minero anunciado este año por el Estado venezolano ha sido criticado por habitantes de las comunidades y organizaciones indígenas de todo el país.

El Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas Kape Kape se une esta alerta por el riesgo de la biodiversidad de estos espacios, donde actualmente hay bosques y selvas protegidas por decretos de reserva forestal como la Sierra Imataca, así como monumentos naturales  y cuencas también bajo protección por leyes ambientales y convenios internacionales como la Cuenca del Caroní por ser la reserva de agua dulce más importantes del país y generadora de 60% de la energía hidroeléctrica que alimenta la represa del Guri.

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