Un nuevo revés sufrió el miércoles pasado la acusación criminal contra el exvicepresidente venezolano Tareck Zaidan El Aissami y el empresario Samark López Bello, luego de que un juez de Nueva York autorizó revocar la declaración de culpabilidad de un acusado en el mismo caso.

El juez informó a Christine Chung, la abogada del empresario aeronáutico Víctor Mones Coro, que su cliente está autorizado para retirar la declaración de culpabilidad lo que devuelve su proceso a su estado inicial. Chung dijo a Univisión que aceptará la opción ofrecida por el juez.

El Aissami y López están acusados de violar sanciones de la Oficina de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro, al contratar servicios aéreos de Mones y Alejandro Miguel León Maal, ambos empresarios aeronáuticos venezolanos americanos con negocios en Estados Unidos.

El Aissami y López fueron designados como narcotraficantes por OFAC el 13 de febrero de 2017, fecha a partir de la cual ningún ciudadano ni residente de Estados Unidos estaba autorizado para hacer negocios con ellos sin previamente obtener una licencia del Gobierno.

La revocatoria de la declaración de culpabilidad se suma a otro traspiés que se produjo el mes pasado cuando la fiscalía de Nueva York reveló un encausamiento criminal contra el principal informante de este caso, el piloto Alejandro Marín, por mentir a agentes federales en relación con dineros que recibió durante operaciones encubiertas. Marín fue arrestado.

En la audiencia del miércoles, de su propia iniciativa, el juez del Distrito Sur de Nueva York, Alvin K. Hellerstein ofreció a la abogada de Mones la posibilidad de que su cliente retire la declaración de culpabilidad, argumentando que la defensa no tenía conocimiento de nuevas y multitudinarias pruebas que han entregado recientemente los fiscales en relación con Marín.

“Obviamente esta reciente entrega del Gobierno es una cantidad de evidencia que usted no tuvo oportunidad de considerarla”, explicó Hellerstein a Chung en una audiencia realizada por teléfono.

El juez ya había escuchado argumentos de la abogada de que los fiscales abrumaron a la defensa con nuevas evidencias. Algunos de esos documentos, según Chung, “probaban que el señor Marín implicó falsamente al señor Mones en vuelos prohibidos”.

Sentencia postergada

Mones, dueño y operador de American Charter Services (ACS), un servicio de alquiler de aviones en la Florida, se declaró culpable hace un año. Su decisión fue celebrada por el Departamento de Justicia en un comunicado de prensa. Desde entonces, la sentencia ha sido pospuesta varias veces en espera de pruebas suplementarias al preacuerdo de culpabilidad. Pero el Gobierno se ha demorado en entregarlas en violación de los reglamentos que regulan el procedimiento, afirma Chung en una moción radicada el pasado 21 de octubre.

Chung escribió que el juez del caso ya se había quejado en una audiencia de septiembre de los retrasos al afirmar que era “difícil” entender por qué el Gobierno continuaba aportando pruebas en un caso que se abrió desde marzo de 2019. Tras la audiencia de septiembre de este año, la fiscalía anunció nuevas evidencias que doblan en volumen (ocho terabytes) a las que ya había entregado.

El acervo proviene de archivos electrónicos incautados durante el allanamiento a las oficinas de la compañía de Marín, señaló Chung en el memorial.

En su declaratoria de culpabilidad Mones admitió que coordinó con otros el arreglo de vuelos de El Aissami, hoy ministro del Poder Popular para Industrias y Producción, lo mismo que para López a quien la acusación identifica como un empresario ligado a El Aissami. Los vuelos de los que se declaró culpable Mones ocurrieron entre febrero de 2017 y el 8 de marzo de 2019, cuando fue arrestado. En ese período ya estaba en vigencia la prohibición de OFAC.

Los empresarios aeronáuticos, según la acusación, coordinaron vuelos de Al Aissami y de López a Turquía, Rusia y República Dominicana, afirma la acusación.

Mones, de 51 años, reconoció que tanto el exvicepresidente como el empresario habían sido clientes suyos desde antes de ser sancionados por Estados Unidos.

“Él continuó prestando servicios a sus clientes venezolanos porque le debían dinero cuando se emitió la designación de la OFAC”, escribió Chung en una reciente moción. “Al final no recuperó la deuda y perdió su negocio”, agregó.

La abogada aclaró que no existe ninguna acusación de narcotráfico contra su cliente.

El arresto de Marín

La moción también recordó el fiasco de Alejandro Javier Marín, presidente de My Jet Saver, con sede en Opa Locka, Florida, quien fue arrestado el mes pasado por el encubrimiento de información y declaraciones fraudulentas. La denuncia criminal señalaba que Marín sustrajo 140,000 dólares de un paquete de dinero en efectivo incautado a una organización criminal internacional y mintió sobre su destino.

Marín se vinculó como fuente confidencial de Investigación de Seguridad Nacional (HSI) desde enero de 2018. En esa condición participó en una operación encubierta que tenía como objetivo el encausamiento y arresto de los miembros de la organización, entre ellos, El Aissami y López.

En su papel de informante Marín grababa conversaciones con Mones. Durante el proceso los fiscales debieron admitir que Marín había borrado mensajes de WhatsApp de su teléfono antes de octubre de 2018 pese a que este era “el principal medio por el que el señor Marín se comunicaba acerca de los vuelos prohibidos y los servicios”, alega la moción de Chung.

En la audiencia del miércoles la fiscal del caso, Amanda Houle, no presentó ninguna objeción a la decisión del juez de revocar la declaración de culpabilidad de Mones. El juez amonestó a los fiscales advirtiéndoles que es obligación entregar oportunamente las pruebas a los acusados, incluyendo aquellas favorables a ellos y sin considerar su admisibilidad por parte del juez.

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