La lucha emprendida por el comercio deltano con autoridades públicas del municipio Tucupita, concretamente con la alcaldía y la cámara municipal, por la reducción de la tasa impositiva establecida recientemente en el tabulador de actividades económicas, deja muchas lecciones al sector político y al pueblo deltano.

La batalla de carácter dialéctico, es prácticamente una contienda entre quienes persiguen incrementar los ingresos del erario público, y entre quienes se esfuerzan por sostener la rentabilidad de sus empresas y mantener las puertas abiertas.

Es la confrontación entre “presuntos opuestos”, cuyas lógicas, en el marco de esta diatriba, están a millas luz de distancia.

Cuando hacemos referencia a “presuntos opuestos” es porque justamente de eso se trata, aparentan ser opuestos cuando en realidad son complementarios, sin que, al menos uno de los sectores en liza, se haya percatado de ello.

Cabe destacar, que al titular el presente artículo “Las lecciones del comercio”, no pretendemos polemizar ni zaherir sensibilidades, sencilla y llanamente así lo apreciamos; es mucho lo que nos está enseñando nuestro sector comercial, y sesgados por barreras ideológicas o ciertos prejuicios, obviamos asumirlo.

Debemos dejar constancia, de que a nadie estamos “mandando a estudiar” y ni siquiera hemos pensado que sean enseñanzas deliberadas, sencillamente se trata de prácticas inoculadas en el ámbito empresarial, que los comerciantes desarrollan como automatismos, sin pensarlo la mayor parte de las veces, y que conducen al éxito de las iniciativas que han desarrollado durante años.

Son formas de proceder universales que tampoco a ellos le vinieron dadas –necesariamente- por vía de la lectura de densos tratados de economía o de estudios académicos, son básicamente realidades que en aras de hacer crecer una empresa, deben aplicarse tanto en la China como en Venezuela.

La solución fácil, habría sido por parte de la cámara de comercio deltana, elevar el precio de los productos y servicios, transferirle la carga al pueblo y cumplir con la obligaciones municipales, sin importarle las consecuencias.

Obviamente, al hacerlo de esa manera, habría sido la ciudadanía quien pagaría el precio de la “normativa justiciera”, añadiendo un punto más a la inflación o hiperinflación, que es nuestro mayor enemigo declarado.

Visto así, no tiene sentido que los ediles insistieran en que están abanderando una lucha para beneficiar a la población, cuando en realidad procuran mayores ingresos para su institución, igualando lo que hace cualquier emprendedor en su sano juicio. Es evidente, que el discurso se cae por su propio peso y es más honesta la argumentación del empresariado que la del propio sector público, con la diferencia de que unos juegan con las cartas expuestas y otros con las cartas volteadas. Huelga explicar quien hace que cosa.

En otro sentido, luego de largos años de ingentes esfuerzos por demostrar que no son lo que se dice: oligarcas, acaparadores, especuladores, etcétera, y de mantener en pie sus establecimientos y parcialmente ocupadas las estanterías, quienes lo consiguieron persisten en demostrar que es una salida fácil procurar ingresar recursos al erario público aumentando repentinamente los impuestos, sin cambiar de mentalidad acerca de la pertinencia e importancia de la empresa privada, acusando solapadamente al empresariado de lo mismo que se ha venido pregonando desde el inicio de la revolución, ahora bajo la careta de un supuesto condicionamiento razonable y de un aparente entendimiento.

Dicho sin rodeos, es más de lo mismo, nuestras autoridades continúan sin comprender la importancia de la iniciativa privada para la economía y la necesidad de que funcione relativamente libre de amarras, para garantizar el crecimiento del PIB de un estado, y con él de los ingresos per capita, ergo los ingresos de cada deltano.

Decir que se pretende apoyar o caminar tomados de la mano, cuando se le coloca una pistola en el pecho, es una falacia.

Lo prudente y consciente habría sido comenzar por reconocer: 1) El impacto positivo de la inversión privada en la sociedad deltana, a través de la generación de empleo; 2) La modernización de la ciudad, plasmada en la edificación de nuevas y vistosas estructuras; 3) El aporte impositivo al gobierno mediante la cancelación del ISRL, el IGTF, el IVA, o el cobro de servicios por uso de los puntos de venta, que indirectamente van a parar a las arcas públicas, revertiéndose a gobernaciones y alcaldías en forma de impuestos a la banca, entre otros tributos; 4) Los sueldos y salarios, bastante más elevados que los del sector público, promediando tres o cuatro salarios mínimos por trabajador, amén de otros beneficios extra; 5) El pago inmediato de prestaciones, como lo manda la ley; 6) La reinversión constante en forma de nuevas empresas y adecuación de espacios para el funcionamiento de las ya existentes; y algunas que se nos escapan en este momento; y sobre la base de ello, partiendo del reconocimiento tácito, generar planes que estimulen su crecimiento para que esos beneficios que impactan directamente sobre el entorno social, continúen expandiéndose.

No se trató aquí, en el caso que nos compete, de un acuerdo entre partes dando el puesto que corresponde a un importante sector de la sociedad, la acción consistió en el manejo discrecional del poder público, sin escuchar con atención desde un principio, las razones que los señalados tenían para exponer.

En la misma tónica del aprendizaje, insistiendo en que no se trata de que unos sepan más que otros, haciendo hincapié más bien en que son prácticas que debemos estudiar a profundidad para replicarlas e inducirlas en un grueso número de personas que pudieran como los asientos de los aviones, eyectarse del sector público y generar mayor provecho para sí mismos, mayores beneficios para la sociedad, y cuantiosos ingresos a las arcas del municipio, fundando y consolidando emprendimientos, es que volvemos al punto de las lecciones.

Sorprende observar, de qué manera “pelean” un punto o dos de carga tributaria, en función de sostener un relativo balance positivo en la relación ingresos-egresos, a fin de mantener boyante un emprendimiento o un pequeño comercio.  En un estado, dicho reiteradamente por los economistas, con muy poca disciplina fiscal, dispendioso incluso en tiempos de crisis, poco dado a invertir concienzudamente de forma que se produzca el retorno de la inversión y genere dividendos, y lejos, muy lejos, de la actitud favorecedora y hasta sobreprotectora de los asiáticos con su empresariado, procurando siempre ampararlos puertas adentro y puertas afuera, es una manera de accionar que nos debe hacer reflexionar.

Si cuidáramos lo nuestro –la cosa pública-, como cuidan los empresarios lo suyo, otro gallo cantaría. Y si reprodujéramos en decenas de personas, la actitud vital hacia el emprendimiento, como se supone que aconteció durante la primera mitad del siglo pasado en el Delta, cuando fuimos los mayores productores de algunos rubros agrícolas en el país, nuestro estado seria otro, distinto y mejor.

 

 

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