Foto: archivo web.

Una familia ha sido demandada  por los supuestos dueños de un terreno de 10 hectáreas, en el sector Los Pinos, del municipio Tucupita, por haber utilizado esas tierras que habían  permanecido ociosas durante 37 años aproximadamente.

José Luis Márquez Malavé e Hilda Márquez, dos miembros de la familia demandada, argumentan que los árboles frutales los tubérculos son de su propiedad por cuanto lo trabajaron y produjeron de forma constante durante los últimos 18 años, es decir, desde el año 2001. Un periodo en el que el terreno estuvo “abandonado”.

El señor Márquez, aseguró que hasta agosto de 2019, posee 5 hectáreas de plátanos y cambures, batata, ocumo blanco, ñame y caña que sembró con esfuerzo y dedicación.

Actualmente, la siembra es objeto de pugna y arrebato por parte de los supuestos propietarios del terreno que al ver la producción en boga, reclamaron las tierras y ahora demandan la producción como suyas: “ellos mienten, la siembra no es de ellos, la siembra es mía”, dijo a Tanetanae.com el productor, José Márquez.

Sin asistencia legal, instancias tribunalicias con el apoyo de la GNB, habrían intentado desalojarlo a la fuerza, y ahora se sustentan en un documento de citación para obligarlos a desalojar.

Según el documento mostrado, este es una citación emitida luego de que un abogado demandara a José Luis Márquez Malavé, y a Hilda Márquez.

Es una citación, no un documento de desalojo

El documento obliga a los demandados a acudir ante una instancia judicial del tribunal agrario, durante los cinco días laborables posteriores a la entrega de la citación.

El uso del documento de citación como una orden de desalojo, constituye una violación flagrante a las leyes venezolanas, usado contra ciudadanos cuya formación academia no existe.

Los ciudadanos Damaris Pitre, Silvia Pitre, Pablo Pitre, y Dellys Pitre, se atribuyen la propiedad de las tierras y de la producción, y deben ser probados en un proceso judicial con la obligación del Estado de garantizar el derecho a la defensa a la familia demandada por cuando no poseen poder económico ni político.

José Luis Márquez Malavé, informó que la familia Pitre son empoderados políticos, miembros del Consejo Comunal de la zona, y usa su poder político para imponer su tesis de “perturbación” en las tierras que ellos mismos habrían dejado en abandono durante años.

Márquez, ha asegurado que 35 familias han invadido parte de las tierras que los Pitres aseguran que es su terreno, y no han procedido contra la comunidad, pero sí contra la familia.

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