Dr. Abraham Gómez R. | Miembro de la Academia venezolana de la Lengua | [email protected]

Suficientemente es sabido que mediante providencia, de fecha 19 de junio de este año, La Corte Internacional de Justicia (CIJ) convocó para actos por separado, a las delegaciones o coagentes de Venezuela y Guyana; configuradas ambas naciones como partes en litigio en la controversia sostenida por la Guayana Esequiba.

Para el día lunes 19 de noviembre de 2018, corresponde comparecer a la representación de la excolonia británica para que exponga, con carácter de ratificación los alegatos de su demanda.

Tal solicitud de interposición de acciones contra nuestro país la conocemos; por cuanto la hemos leído con precisión, analizado y estudiado académicamente; cuyo contenido se resume de la manera siguiente: ellos insistirán en pedirle a la CIJ que confirme la validez legal y efecto vinculante del Laudo Arbitral de París, dictado el 3 de octubre de 1899; documento que siempre ha sido considerado por Venezuela como írrito y nulo; dos adjetivaciones calificativas, adosadas desde sus orígenes.

Guyana volverá a pedir en su Pretensión Procesal que la CIJ ratifique que el citado Laudo constituyó una “liquidación completa, perfecta y definitiva” de todas las cuestiones relacionadas con la determinación fronteriza. En otras palabras, aspiran que el Alto Tribunal de La Haya sentencie como cosa juzgada con base a los hechos que narra en su escrito el gobierno guyanés, interesada y a su conveniencia.

Los gobiernos guyaneses, desde Burnham hasta el actual de Granger, en la obsesiva búsqueda de soberanía sobre los 159.500 Km2, una séptima parte de la extensión geográfica venezolana, que vilmente nos arrebataron, están pidiendo en esta ocasión por ante la CIJ que nuestra Fuerza Armada se retire inmediatamente de la mitad oriental de la Isla de Anacoco; así también que Venezuela se abstenga de amenazar o usar la fuerza contra cualquier persona o empresa autorizada por Guyana para participar en actividades económicas o comerciales en la Zona en Reclamación.

En casi todas las conferencias que dictamos en las universidades y otros organismos del país o a través de la Red y los medios de comunicación se nos hace la misma pregunta, ¿Por qué estamos obligados a debatir por ante la Corte Internacional de Justicia?; y la respuesta que ofrecemos resulta invariable: porque exactamente, ha sido esa la estrategia jurídica que ha jugado Guyana. Sus asesores les han recomendado que se mantengan en ese escenario para procurar una sentencia rápida y sin más dilaciones que les favorezca; agréguese allí una “ayudita” de algunos otros entes, caso de la Commonwealth y Caricom.

Ellos nunca han querido  la figura del Buen oficiante para que resuelva este caso con su mediación.  Además, se nos informa que continúan incrementándose las sumas dinerarias aportadas por las empresas transnacionales con marcado interés de exploración y explotación de la multiplicidad de recursos que hay en la zona. La compañía Exxon es la encargada de realizar las recaudaciones y entregarlas al gobierno para cancelar los honorarios y “otros gastos” que ocasione este asunto litigioso.

Hasta ahora nadie nos ha explicado las razones por las cuales le estuvimos sacando el cuerpo a la alternativa de Arreglo Jurídico, que contempla el Acuerdo de Ginebra y la Carta de las Naciones Unidas, para dirimir esta controversia de modo pacífico.

Exactamente el 18 de abril del próximo año, le corresponderá a la delegación venezolana presentarse en la CIJ para consignar el memorial de contestación de la citada demanda guyanesa.

Había una cierta incertidumbre y dilema, por parte de la cancillería venezolana, entre invocar la No Comparecencia en el juicio, o decidir por el reconocimiento de la jurisdicción y competencia de la CIJ; figura jurídica, esta última, que recibe la denominación de Forum Prorogatum en el Derecho Internacional Público.

En sentido estrictamente verdadero, no debemos abrigar ningún temor, porque poseemos todos los elementos probatorios: socio-históricos, cartográficos, políticos y jurídicos, los cuales nos avalan, asisten y respaldan satisfactoriamente; y conforman un legajo de documentos importantes para exponerlos cuando corresponda en la Corte Internacional de Justicia.

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