September 24, 2020

Es por demás evidente que la noción de tiempo histórico en nuestra nación suramericana ha adquirido visos de radical vertiginosidad; es como que la realidad social y política cambiara y adquiriera rasgos metamórficos harto difíciles de asimilar de acuerdo con los registros normales de intelección racional. La realidad nacional se empecina en una terca y reiterada insistencia que se afana en desquiciar y desconcertar las nociones, conceptos y categorías con que la teoría de la Sociología Política hasta este presente aciago ha hecho uso para dar cuenta de los devenires institucionales y jurídicos propios de la sociedad sometida a implacables e inmisericordes políticas de neto corte revolucionario y de inequívoca vocación estatocrática.

Una prueba irrefutable de la anterior afirmatio la constituye la ilegal e inconstitucional designación de esa figura deleznable y contraproducente incomprensiblemente denominada “protector del pueblo”, sacada de debajo de la manga de la camisa de fuerza que en su momento la guasa pinturera y pintoresquista del ingenio popular bautizó no sin cierta razón con el desternillante nombre de asamblea nacional prostituyente. Allí donde la soberanía del voto popular sufragó abiertamente y contundentemente a favor de la oposición democrática y el proyecto autoritario-totalitario del “chavomadurismo” sufrió escandalosos y vergonzantes reveses electorales, la “autocracia madurista” la blandió e impuso –violando todo el ordenamiento jurídico-legal constitucional– para desconcierto y desaprobación de la comunidad internacional.

La figura del “protector del pueblo” –hasta nuevo aviso– es un golpe de Estado al ralentí a los gobernadores democráticamente electos en las regiones donde se perpetró dicho hachazo contra la carta magna.

Otro elemento de no menos importancia que revela en toda su espléndida “aura mediocritas” el profundo e irreversible “déficit democrático”, lo constituye el desmantelamiento progresivo y sistemático de lo que en otros puntos cardinales del hemisferio se conoce como el sistema garantista de los más elementales derechos humanos. En un documento que la Comisión de Derechos Humanos de la ONU circuló en fecha reciente, 16 de septiembre de 2020 titulado: Venezuela: Informe de la ONU insta a la rendición de cuentas por crímenes de lesa humanidad.

“La Misión investigó 223 casos, de los cuales 48 se incluyen como estudios de casos exhaustivos en el informe de 443 páginas. Adicionalmente, la Misión examinó otros 2.891 casos para corroborar los patrones de violaciones y crímenes de lesa humanidad”. Igualmente, “la Misión de la ONU encontró motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones de los derechos humanos, algunas de las cuales –incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura– constituyen crímenes de lesa humanidad”.

En innegable, ostentosamente incontestable, hay que decirlo urbi et orbe, que la Venezuela revolucionaria y socialista es práctica común y corriente la aborrecible institucionalización de ejecuciones extrajudiciales; la tortura física y psicológica a los prisioneros políticos y presos de conciencia se ha tornado práctica común bajo el socialismo revolucionario. Aún está fresco en la memoria nacional el horrendo tapiz de “crimen de guerra contra la humanidad”, el horrendo asesinato del connacional disidente Oscar Pérez y sus compañeros fedayines utopistas en El Junquito.  Este crimen de lesa patria no prescribe de acuerdo con los tratados y convenciones internacionales de derechos humanos subscritos por Venezuela. La Convención de Ginebra, el Tratado de Roma y demás Acuerdos internacionales contra la tortura. El asesinato del capitán Rafael Acosta Arévalo, prácticamente “reventado” por los efectos de la tortura física a manos del Estado revolucionario. El oprobioso asesinato del concejal y dirigente político y social Fernando Albán, por solo citar tres casos emblemáticos de una indefensa sociedad tiranizada por un Estado forajido cuyos principales representantes poseen órdenes internacionales de captura por la comisión de diversos delitos contra la humanidad.

Las 443 páginas rigurosamente documentadas del Informe de las Naciones Unidas sobre la tragedia humanitaria venezolana coloca al país en un busilis de trascendental relevancia histórica y obviamente a las consecuencias que indefectiblemente se habrán de derivar de ello en el plano de la justicia internacional, es a lo que temen quienes se han ufanado de querer implantar el reino de la felicidad celestial aquí abajo en la tierra.

 

 

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